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En la fachada del Parlamento nicaragüense hay dos banderas y un cartel grande. Una del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la otra la nacional. El cartel está cargado de imágenes de los logros del oficialismo durante sus 14 años en el poder.

“La revolución es educación gratuita y de calidad”, dice un mural colocado en uno de los pasillos de uno de los Poderes del Estado. En él se ve a niños recibiendo una merienda que entrega el gobierno, así como algunos útiles escolares que son entregados gratuitamente, entre ellos una mochila que tiene grabadas imágenes de propaganda alusivas al presidente Daniel Ortega.

En otras instituciones del Estado, como la Policía Nacional, sancionada por Estados Unidos por violación a los derechos humanos, también lucen imágenes de Ortega junto a su consuegro Francisco Díaz, el director general de la fuerza del orden público.

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Sin embargo la Ley Electoral establece una prohibición del uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política o hacer proselitismo político en las oficinas públicas, algo que según algunos expertos no se cumple en este contexto.

De hecho, en medio de la pandemia del coronavirus y la jornada de vacunación contra el COVID-19, las cuales en gran parte llegan por donaciones de países extranjeros a través del mecanismo COVAX, el oficialismo las ha aprovechado para hacer campaña política.

“En las jornadas vacunaciones que vemos hay banderas, chimbombas rojas y negras. Eso es delito electoral”, afirmó a la Voz de América Boanerge Fornos, coordinador de la organización sin fines de lucro Acción Penal.

Según el activista es un “uso de los bienes del Estado para propaganda política, es decir, cuando usas los bienes del Estado es para favorecer la campaña del partido de gobierno y de su candidato presidencial”.

La Fiscalía Electoral, ente encargado de sancionar a los partidos que violen dicha normativa, ha guardado silencio y la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, insiste en la independencia de ese poder del Estado, el cual es acusado de ser afín al ejecutivo.

Incluso dice que hay sanciones para quienes cuestionen el proceso electoral.

“Los medios de comunicación, que juegan un papel muy importante al respecto, no deben denigrar a las personas, porque hay sanciones”, dijo Rocha esta semana a un medio oficialista.

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Las denuncias del uso de propiedades del Estado para campaña política tienen lugar a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas del 7 de noviembre.

Mientras la opositora Coalición Nacional desconoce el proceso por el arresto de 7 precandidatos presidenciales y el gobierno de Ortega recibe críticas del exterior por su control sobre las elecciones, el oficialismo continúa con su campaña en todo el país.

Por Voz de América

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