La Unión Europea (UE) impuso sanciones a ocho personas más en el contexto de la crisis política que atraviesa Nicaragua, entre ellas, la vicepresidente del país, Rosario Murillo.
El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó en un comunicado que las medidas restrictivas se adoptan contra esos ocho individuos “como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”.
“Las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses”, destacó el Consejo.
Tras el anuncio de hoy, son en total catorce las personas sancionadas por la UE en Nicaragua.
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Además de Murillo, entre las ocho personas sancionadas figuran el presidente de la Asamblea Nacional del país, Gustavo Porras Cortés; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas.
También se incluye al hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, Juan Carlos Ortega Murillo.
El Comisionado Mayor Miguel Domínguez, el Comisionado Juan Valle y el diputado Bayardo Arce completan la lista de los sancionados.
Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.
Asimismo, las catorce personas tienen prohibido viajar a la Unión, lo que les impide entrar al territorio comunitario o transitar por él.
El Consejo aseguró que la situación política en Nicaragua “se ha deteriorado aún más en los últimos meses” y añadió que “el uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense”.
“Estas acciones socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y la UE”, aseveró.
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La Unión Europea recordó que ha instado “reiteradamente” al Gobierno nicaragüense a que cumpla “sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos”.
“La UE también ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca un diálogo eficaz con la oposición sobre la adopción de reformas electorales como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas, y que regresen los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua”, agregó.
De acuerdo con la Unión, las sanciones anunciadas hoy demuestran que los Veintisiete “siguen estando resueltos a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política de Nicaragua”.
Reiteró su condena a “la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses” y les instó a que “deroguen leyes restrictivas, entre ellas la Ley de regulación de los agentes extranjeros”.
Asimismo, reclamó la liberación “inmediata e incondicional” de los presos políticos, así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses.
El régimen de sanciones contra Nicaragua se adoptó primero en octubre de 2019.
