La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH se presentó a las oficinas del ministerio de Gobernación. Para interponer un recurso de apelación debido a que no se les concede el permiso de continuar operando en el país. Tras la recién entrada en vigencia de la Ley de control de Agentes Extranjeros. También cocinada como Ley Putin, el documento no fue recibido.
De acuerdo con el Dr. Marcos Carmona secretario ejecutivo del organismo defender de Derechos Humanos, “no se nos ha permitido hacernos de la carta de cumplimiento aun cuando hemos presentado en tiempo y forma todos los requisitos, cada día que presentamos lo que nos solicitan nos salen con un nuevo requisito” expresó Carmona.
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De igual manera Marcos Carmona considera que esta decisión es “mal intencionada” por parte del Ministerio de Gobernación al no permitirles darle la carta de cumplimiento para no poder registrarse como agentes extranjeros, sin embargo, señalan que agotaran todos los recursos que les da la constitución política de Nicaragua.
Por su parte de la Dra. Karla Sequeira explicó que desde el mes de diciembre de 2020 se han presentado para cumplir con todos los requisitos. “desde el 10 de diciembre hemos tratado de llenar los requisitos para la inscripción de agentes extranjeros llenos los requisitos que nos pidieron y regresamos el 18 de diciembre y luego nos pidieron una constancia de inscripción actualizada por que la que teníamos desde 2018 nos las da” dijo Sequeira.
CPDH podría ser multada por MIGOB
De igual manera se conoció que la CPDH. Podrían ser multados hasta con 500 mil dólares, sus oficinas intervenidas y sus cuentas congeladas. Además de ser procesados penalmente por violación a dicha ley de Agentes Extranjeros, sin embargo, lo más grave es el requisito que ahora le están exigiendo una lista de todas las personas beneficiarias de los servicios de Defensa Jurídica y Asesoría de Derechos Humanos desde 2017. Es decir, de todos quienes han denunciado abusos ante organización.
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La CPDH se niega a revelar la identidad de los denunciantes por sigilo y ética, además por seguridad a los ciudadanos que acuden en busca de justicia. Por ello, corren el de cerrar oficinas tras 45 años de servicio en Nicaragua en defensa de los derechos humanos.
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