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Los nicaragüenses hemos estado demandando una reforma electoral que asegure que el voto de cada ciudadano, de cada ciudadana, valga y sea contado.

Cualquier reforma electoral debe incluir la reestructuración total del Consejo Supremo Electoral para dotarlo de credibilidad, con magistrados que actúen en apego al interés ciudadano y no de la dictadura.

El día de hoy, la familia Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados y magistradas al Consejo Supremo Electoral, leales a sus intereses y por lo mismo, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense.

Los Ortega Murillo han desperdiciado una oportunidad de hacer confiable el sistema electoral nicaragüense, que junto a las leyes que penalizan y persiguen a la oposición; el asedio y la represión; los presos y presas políticas; la falta de vigencia de las libertades esenciales de organización, expresión y movilización; son la negación de las condiciones mínimas que se exigen dentro y fuera del país, para lograr elecciones limpias, transparentes y competitivas.

Unamos rechaza la designación de los nuevos magistrados propietarios y suplentes al Consejo Supremo Electoral, por constituir más de lo mismo: un órgano del Estado totalmente copado por los incondicionales de la familia Ortega Murillo.

Desde Unamos reafirmamos el compromiso con el logro de verdaderas condiciones para elecciones que le permitan al pueblo nicaragüense decidir, sin fraudes, acabar con esta dictadura, restablecer la democracia, alcanzar justicia y oportunidades para el pueblo nicaragüense.

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