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El 4 de mayo, tras un procedimiento express, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha cancelado la personería jurídica de un total de 50 organizaciones, 8 de las cuales son organizaciones feministas o que trabajan por los derechos de las mujeres: Asociación Movimiento de Mujeres de Chinandega (MMCH), Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, Asociación Casa de la Mujer Bocana de Paiwas, Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC), Fundación Proyecto Solar para Mujeres Nicaragüenses, Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala (APROMUWA) y Fundación Nakawe​​​​​​​. Con estas 8 organizaciones ya suman 34 las organizaciones feministas y que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres ilegalmente canceladas por el gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018.

Tal y como desde la IM-Defensoras hemos denunciado en casos precedentes, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma. Entre las canceladas durante estos últimos días incluso hay organizaciones que se habían inscrito bajo la arbitraria y ampliamente denunciada Ley de Agentes Extranjeros.​​​​​​​

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La cancelación de las organizaciones viene acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, el requisamiento de sus bienes y, en algunos casos, de la criminalización, el hostigamiento y otros ataques en contra de sus integrantes.

Desde la IM-Defensoras reiteramos el grave impacto que estas cancelaciones tienen sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales. Ello en un país donde donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021; donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual; donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad​​​​​; y donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada desde 2006, tras el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica.

Condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y nos solidarizamos con todas estas organizaciones, manteniéndonos alerta ante cualquier vulneración a los derechos y la integridad personal de sus integrantes.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas organizaciones y alzar la voz para denunciar esta nueva arbitrariedad contra las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres en Nicaragua.

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