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He utilizado, al inicio de este artículo, un lenguaje que busca ser realista, que expresa una visión del mundo en el cual los intereses particulares juegan naturalmente un papel que tiende a preponderar, por encima (o escondidos detrás) de principios éticos universales. Estos últimos condenan a La Prensa (y a quienes usan este medio para cuidar sus intereses). El diario “opositor” impulsa una política de cohabitación con un régimen cuyos actos han sido clasificados oficialmente, recordemos, como crímenes de lesa humanidad, perseguibles de oficio internacionalmente, y sin fecha de vencimiento.

¿Qué motivos, qué intereses, son suficientes para un desgarre ético de semejante magnitud? ¿A qué visión estratégica corresponden? Además de la condena moral, los demócratas necesitamos entender cuál es el trasfondo político, es decir, relativo a la lucha por el poder, de la persistente campaña de La Prensa. Al hacerlo, entenderemos más las maniobras actuales y probables de los grupos oligárquicos antidemocráticos.

Entre Ortega y la oligarquía: abuso doméstico y crisis

La explosión social de 2018 obligó a la oligarquía a distanciarse públicamente del régimen. Este, en crisis terminal por el rechazo deslegitimador de la población (19 de abril, 7 de noviembre) se ha atrincherado sin margen, dando zarpazos fieros que obedecen a la lógica de “el poder o la muerte”.

A sus socios del Gran Capital, e incluso a La Prensa, que también fue beneficiada económicamente por el régimen antes de abril del 2018, Ortega necesita demostrar constantemente su capacidad de hacerles daño. El dictador se sabe acorralado, actúa paranoicamente (aunque su paranoia tenga un alto contenido racional, porque el odio que percibe hacia él no es fantasía), y junto a su desregulada consorte cruza todos los rubicones legales, morales y culturales.

En esta nueva relación, la oligarquía preserva privilegios; pero, al colapsar todo espejismo de legalidad, queda claro, precisamente, que lo que tiene son privilegios, no derechos. Y como solo Ortega puede otorgarlos, puede de igual manera abolirlos a su conveniencia.  El tirano se asegura de que esta amenaza esté muy viva en la conciencia de sus antiguos socios, atropellando de paso derechos elementales a la libertad y a la propiedad, como los sufridos por la propia Prensa, y como la barbarie represiva que ha alcanzado ya a políticos y empleados de la cúpula oligárquica. Esta ha hecho, repetidas veces, intentos infructuosos de reconstruir el matrimonio, pero ante todo ha decidido, hasta el momento, que, si bien la apariencia de separación es necesaria, la realidad de un divorcio se presenta demasiado riesgosa.

De tal manera que acepta continuar la convivencia con un maltratador, que antes abusaba de vecinos y subordinados indefensos, y ahora trae la violencia a casa. Lo hace no solo por miedo al maltratador, sino porque teme lo que puede ocurrir si la justicia interviene. La justicia, la ciudadanía que aspira a instaurar un Estado de Derecho, tendría, para enderezar las cosas y lograr proteger los derechos de todos, que asignar las responsabilidades del caso a los cómplices del abusador, entre los cuales ha sido prominente, por muchos años, la propia oligarquía.

Este miedo a la justicia, miedo al orden democrático, lo vende la oligarquía a sus aliados en Estados Unidos como miedo al desorden, al caos, a sabiendas de que la inestabilidad es el fantasma que atraviesa las pesadillas de los burócratas del Departamento de Estado. ¿Cómo reacciona este? Se posiciona formalmente a favor de la democracia, en contra de Ortega; se posiciona, en la práctica, para sostener a quienes cree le garantizan sus intereses, y golpear, si fuese necesario, a quienes la amenacen. De ahí que adopte un régimen de sanciones que implementa mínimamente, pero implementa; lo hace para mantener una presencia central en el conflicto; lo hace mínimamente para no hacer que el sistema de poder, en equilibrio precario, colapse.

Francisco Larios /
El autor es Doctor en Economía, escritor, y editor de revistaabril.org.

 

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