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Hace una semana que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, que tiene que como objetivo presionar al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La medida, que ha recibido el apoyo bipartidista del Congreso de Estados Unidos, ya está teniendo sus efectos.

Sanciones a la Fiscalía y a otros funcionarios

El lunes, pocos días después de entrar en efecto la ley Renacer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaba la primera gran decisión: iban a castigar al Ministerio Público y a otros nueve cargos del Gobierno de Nicaragua y varios alcaldes.

Desde EE. UU. se les señala cómo actores clave en los actos de represión que tuvieron lugar durante las marchas pacíficas de 2018, cuando miles de personas salieron a la calle a protestar por las reformas sociales en el país.

La lista completa de afectados es:

  • Luis Ángel Montenegro Espinoza: trabaja directamente como funcionario del Gobierno de Nicaragua desde 2007. Había ordenado a los bancos auditar y entregar información de 13 altos ejecutivos y empresarios del país de conformidad con la Ley 1055.
  • José Adrián Chavarría Montenegro: es el viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua.
  • Rodolfo Francisco López Gutiérrez: es el gerente de las empresas de distribución eléctrica, propiedad del estado, DISNORTE y DISSUR.
  • José Antonio Castañeda Méndez: es el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua.
  • Mohamed Farrara Lashtar: es el embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos.
  • Salvador Mansell Castrillo: es el ministro de Energía y Minería de Nicaragua.
  • Sadrach Zeledon Rocha: es el alcalde de la ciudad de Matagalpa (Nicaragua). Se considera que él “contribuyó a la violencia contra los nicaragüenses que participaron en las protestas que comenzaron en abril de 2018”.
  • Leonidas Centeno Rivera: es el alcalde Jinotega (Nicaragua). Está relacionado con episodios de represión en las protestas de 2018 y “el uso de armamento pesado por parte de paramilitares que mataron a 4 personas”.
  • Francisco Ramón Valenzuela Blandón: es el alcalde de Esteli (Nicaragua) y se considera que él fue quién decidió poner a francotiradores para atacar a los manifestantes que salieron a protestar por las calles de esa ciudad en 2018.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., indicó que, como resultado de estas sanciones, “todas las propiedades e intereses de estas personas en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas”.

Recuerde leer: ¿Quiénes son los funcionarios nicaragüenses a los que EE. UU. ha prohibido el paso?

“Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más de esas personas”, agregaron desde la agencia federal.

Ortega y Murillo, vetados en EE. UU.

Un día después, el martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmaba una proclama en la que se prohibía expresamente la entrada al país norteamericano al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

“Dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, a miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclama”, indicaba el mandatario estadounidense en su escrito oficial.

De nuevo, Biden justifica que “los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar”, en una clara alusión a las acciones represivas que se han agravado en estos últimos tiempos, a medida que se acercaba la cita electoral del 7 de noviembre, contra miembros de la sociedad civil, periodistas y precandidatos presidenciales.

¿Qué funcionarios nicaragüenses no pueden entrar a Estados Unidos?

La suspensión de entrada a EE. UU. también va dirigida a todos los funcionarios electos y su personal, funcionarios del servicio de Seguridad, entre los que se incluyen la Policía, el Ejército y otras fuerzas especiales, así como los grupos paramilitares.

Son enlistados en la prohibición de entrada integrantes del poder Judicial, las penitenciarías y el Ministerio del Interior.

También los integrantes de “agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua”.

Prórroga a la Emergencia Nacional para Nicaragua

Además de estas medidas restrictivas y punitivas, la Casa Blanca también ha confirmado la prórroga de la Orden Ejecutiva 13851 de Emergencia Nacional contra el Gobierno de Nicaragua.

La disposición fue suscrita en 2018 tras las acciones violentas y represivas de las autoridades nicaragüenses contra los manifestantes que salieron a marchar por el país para expresar su rechazo a la reforma social, que se saldaron con más de 300 personas fallecidas.

¿Por qué se extiende la Emergencia?

A juicio de Biden, la situación en el país centroamericano “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

Ya en noviembre del año pasado, el expresidente Donald Trump, que estaba al frente del Gobierno de EE. UU., extendió esta medida.

Demócratas y republican apoyan las medidas

La situación se ha tensionado aún más tras la cita electoral del 7 de noviembre, que fue tildada de “farsa electoral” por la mayoría de países y otros organismos de la comunidad internacional. Este escenario está llevando, como hemos visto, al país norteamericano anunció un paquete de sanciones a la fiscalía y a otros altos funcionarios nicaragüenses.

“Esa elección fue un fraude completo. Casi todos los candidatos serios fueron encarcelados, no es legítimo. Dijeron que el 60 por ciento de la población había votado y creemos que solo lo hicieron el 20 por ciento. Todos los candidatos que se quedaron (sin cárcel) son amigos de Daniel Ortega, así que estoy contento”, dijo el congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, en declaraciones a la Voz de América.

También lea: Victoria de Ortega en Nicaragua, nuevo golpe a la estrategia de Biden en Centroamérica

Desde las bancadas demócratas el mensaje es muy similar. “Estamos presenciando el peor asalto autoritario de una democracia en América Latina en décadas, y me enorgullece haber liderado este esfuerzo en el Congreso para actuar decisivamente para que el régimen Ortega-Murillo sepa que habrá consecuencias por la pseudo-coronación de su dictadura dinástica”, comentó por su parte el senador demócrata Bob Menéndez.

¿Impactará a la economía?

El vicepresidente del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth, dijo a la VOA que el paquete de sanciones y otras medidas que puedan venir con la ley Renacer debe servir para “moderar el comportamiento” de Managua, así como también “reducir sus impulsos en materia de violaciones de derechos humanos”.

Pese a todo, Farnsworth subraya que esas acciones no están repercutiendo directamente en las arcas públicas de Nicaragua.

“Hasta este punto Estados Unidos realmente no ha dado ningún paso económico contra le economía de Nicaragua para mostrar descontento hacia el régimen, pero hay varias cosas que se podrían considerar”, dijo poniendo como ejemplo las restricciones al comercio del azúcar de ese país a Estados Unidos.

Precisamente, la ley Renacer contempla que desde Estados Unidos se puedan sentar las bases para que, a través de la diplomacia, se puedan promover las elecciones democráticas en Nicaragua y, también, se revise la participación del país centroamericano en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica.

“El tema principal aquí es la participación nicaragüense en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica que incluye a República Dominicana y que permite a Nicaragua el acceso garantizado libre de aranceles a Estados Unidos y viceversa”, agregó.

“Todas las medidas son positivas”

Muñeca Fuentes, una activista nicaragüense que en los últimos meses ha intensificado su participación desde el exterior para denunciar “los actos violentos y la represión del Gobierno de Nicaragua”, considera que “todo lo que tenga que ver con quitarles la paz a los régimenes de Latinoamérica es positivo”.

Sin embargo, apunta que “el cambio definitivo vendrá por los nicaragüenses” y no por la presión diplomática, tal y como pretende la ley Renacer. “Nicaragua va a ser libre por los nicaragüenses, porque la libertad tiene que venir desde adentro del pueblo”, dijo.

Con todo, dijo estar convencida de que “estas elecciones, a pesar de haberse convertido en un circo electoral, han servido para que la oposición se una” en pro de una “Nicaragua libre y democrática”.

Llamado a una oposición unida

“La verdadera oposición se tiene que unir y creo que estas elecciones falsas son un llamado al pueblo de Nicaragua para que nos unamos los verdaderos opositores”, comentaba la mujer.

Lea aquí: Acompañantes en proceso electoral del 7 de noviembre Mienten

María Esperanza Vallejo, otra activista residente en Miami que desde hace tres años y medio protesta semanalmente ante el consulado de Nicaragua por “las atrocidades que está cometiendo el Gobierno de Ortega y Murillo”, también opina que, a pesar de las presiones diplomáticas, “el cambio tiene que venir desde dentro del país”.

Pese a esa postura, celebró que se haya dado luz verde a la ley Renacer por parte de Estados Unidos y que ya se estén viendo sus consecuencias.

El exilio nicaragüense defiende las sanciones

“Cada nicaragüense desde dentro del país está haciendo su parte. Nosotros aquí en el exilio estamos haciendo nuestra parte y pidiendo que apliquen todas las leyes, todas las sanciones posibles al dictador Daniel Ortega y a su cómplice intelectual Rosario Murillo”, comentó la mujer, que reside en el sur de la Florida desde hace más de dos décadas.

Esperanza Juanch, otra exiliada nicaragüense en Miami, Florida, valoró el papel del mundo en poner presión a Managua.

“Tiene que ser también la comunidad mundial la que diga basta. Las sanciones son muy importantes porque Daniel Ortega fue muy vivo e hizo creer a la comunidad internacional que él era democrático y, por eso, todavía hoy recibe millones de dólares de bancos y de instituciones que no usa para el pueblo sino para metérselo en el bolsillo o para asesinar”, afirmó.

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