La Procuraduría General de la República (PGR) llamó a sus oficinas a los ocupantes de unas viviendas, que han sido ilegalmente confiscadas por el régimen a un grupo de ciudadanos declarados “apátridas”.
“Los terceros que se encuentren ocupando dichos inmuebles decomisados, deberán acudir a las oficinas de esta Procuraduría General de la República, para formalizar con el Estado de Nicaragua, su estatus ocupacional”, informó la PGR en una nota de prensa publicada este miércoles 1 de marzo.
“La Procuraduría General de la República de Nicaragua, como representante legal del Estado, se refiere a las propiedades decomisadas, con base a resoluciones judiciales emitidas por jueces de Distrito Penal, que fueron dadas a conocer por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua, el 15 de febrero del presente año”, detalló.
Ese día, la dictadura despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses, quienes además fueron condenados, expropiados, y declarados prófugos, aunque lo único que se conoció de sus “procesos”, fue la condena.
Entre el grupo de ciudadanos, a quienes además declararon “traidores a la patria”, se encuentran el premio Cervantes Sergio Ramírez, la escritora Gioconda Belli, el obispo Auxiliar de Managua Silvio José Báez, la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro y su esposa Desirée Elizondo, y decenas de ciudadanos críticos con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la sentencia se ordena “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”.
Caso del complejo habitacional “Amazonia”
Hasta ahora, ni la Policía de Nicaragua ni la Intendencia de la Propiedad ni la Procuraduría General de la República han ofrecido detalles sobre el decomiso de los bienes inmuebles de los 94 desnacionalizados.
El único caso que se conoce es la confiscación de 16 apartamentos ubicados en el complejo habitacional “Amazonia”, ejecutada por la PGR el viernes 17 de febrero. Ese mismo día, la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía allanó la vivienda de las opositoras Sofía Montenegro y Azáhalea Solís, ubicada en el mismo residencial en Reparto San Juan. Ambas son parte de los 94 declarados “apátridas”.
Los dueños de los 16 apartamentos fueron citados a una entrevista en la Procuraduría, para notificarles el sorpresivo despojo de sus propiedades a manos del Estado. Una funcionaria de la PGR les informó verbalmente a los propietarios que las casas —que les han pertenecido por más de 30 años— ahora son del Estado, a pesar que no existe ningún proceso o reclamo anterior que justifique la apropiación de los inmuebles.
Las opciones que la PGR le dio a los habitantes de “Amazonia” fueron pagar un arriendo mensual de 500 dólares para seguir en sus viviendas, o desalojar los apartamentos.
En su nota, la PGR indica que el llamado es para “las personas (naturales o jurídicas) que se encuentren en uso y goce de dichos bienes —mediante diferentes figuras jurídicas, como: arriendo, usufructo u otras similares—”.
“De conformidad al artículo 167 de nuestra Constitución Política y artículo 12 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua: ‘Las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales o jurídicas’”, según la Procuraduría.
(Noticias/Confidencial)
