Según datos anuales preliminares de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), durante 2022 se produjeron al menos 4,803 agresiones contra defensoras de derechos humanos, organizaciones y acciones colectivas de mujeres y disidencias sexo-genéricas en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Estas agresiones afectaron a 788 defensoras y 201 organizaciones y casi la mitad de las mismas (2,230) se produjeron en el marco de acciones colectivas de protesta, resistencia y defensa de derechos humanos.
Quienes defienden el derecho a la información y la libertad de expresión, las defensoras de los derechos de las mujeres, quienes buscan verdad, justicia y reparación, las que luchan por una vida libre de violencia y las defensoras de la tierra y el territorio fueron las más agredidas a nivel regional. Los hostigamientos (13%) representaron la forma de agresión más frecuente, seguidos de diferentes formas de violencia física, psicológica o verbal (12%) y amenazas (9%). Los Estados, a través de autoridades públicas (35%) y policías y fuerzas armadas (25%), fueron identificados como los principales agresores; seguidos de personas desconocidas, tanto físicas como virtuales (18%).
Asimismo, los datos del registro apuntan a que cada vez es más frecuente la violencia hacia las defensoras y sus organizaciones en el ámbito digital. Entre estas agresiones destacan la divulgación de hechos falsos que generan desprestigio social de la imagen de las defensoras; el ciberacoso; la publicación de información sensible en internet; el hackeo de cuentas o de redes sociales o la incautación de insumos básicos para ejercer la labor de defensa de derechos humanos (equipos de comunicación audiovisual, computadoras, servidores, entre otros).
Marzo a mayo: repunte de agresiones contra colectivos de defensoras
El periodo que va de marzo a mayo incluye los tres meses que concentran el mayor número de agresiones con respecto a los otros meses del año. Destaca mayo, con el mayor repunte, relacionado con diversas agresiones a acciones colectivas en México contra defensoras del derecho a una vida libre de violencia, con una oleada de cancelaciones de personerías jurídicas en Nicaragua, con agresiones vinculadas a acciones por la recuperación de tierras en Honduras y con ataques contra comunicadoras y defensoras en el marco de la imposición del Estado de excepción en El Salvador. Le sigue el mes de marzo, un mes que históricamente es de riesgo para las defensoras, por las múltiples y diversas acciones que desarrollan en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Una mirada a los países.
En El Salvador se ha hecho patente un incremento de agresiones a defensoras tras la imposición del Estado de excepción, destacando las agresiones contra quienes defienden el derecho a la libertad de expresión (37%) y el derecho a una vida libre de violencia (37%), situación que se mantuvo durante todo el año y permanece vigente.
En Honduras sobresalen las agresiones contra quienes defienden tierra y territorio (38%) y el derecho a la verdad, justicia y reparación (15%). Hay una continuidad de las agresiones contra quienes se posicionan frente a proyectos extractivos, forestales, mineros y turísticos que atentan contra las comunidades y los territorios. Destacan las agresiones contra defensoras garífunas en el marco de desalojos de comunidades indígenas y las agresiones contra quienes acompañan procesos de búsqueda de justicia de defensores de la tierra criminalizados.
En México destacan las agresiones contra quienes defienden el derecho a la información y libertad de expresión (35%); el derecho a una vida libre de violencia (26%) y el derecho a la verdad, justicia y reparación (14%). Un dato muy lamentable y preocupante es que durante 2022 fueron asesinadas 5 defensoras buscadoras de familiares. Los Estados con mayores agresiones reportadas fueron: Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México.
En Nicaragua, como agresiones más relevantes se mantuvieron el hostigamiento y vigilancia sistemática contra defensoras de derechos humanos y sus familias (31%), la represión contra defensoras criminalizadas y presas políticas (6%), así como los procesos de cierre ilegal de organizaciones feministas o que defienden los derechos de las mujeres (35%), cerrando el año con 212 organizaciones cerradas.
