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Colombia, un país en el que hasta hace poco la marihuana era sinónimo de narcotráfico, busca situarse a la cabeza del mercado internacional del cannabis medicinal. Las buenas condiciones climáticas, unidas a los bajos costos de producción y, sobre todo, a las posibilidades que abre el decreto aprobado en julio de 2021 por el gobierno de Iván Duque, hacen prever un boom del negocio. La nueva normativa, que sustituye a la de 2017, no sólo contempla el uso industrial del cannabis para fabricar textiles, alimentos o bebidas a partir de cannabis, sino que también permite la exportación de flores secas para uso medicinal y la fabricación de productos a base de cannabidiol, el compuesto no psicoactivo de la planta. ProColombia, la agencia gubernamental para la promoción de empresas, estima que las exportaciones en 2030 superarán los 1.733 millones de dólares. Boticaria SAS es una de las empresas que busca abrirse hueco en esta nueva industria del cannabis medicinal, dominada en un 90% por grandes compañías. Su dueño, Juan Sebastián Forero, la puso en marcha cuando a su madre le diagnosticaron Parkinson. Lo que empezó como una búsqueda para aliviar los síntomas de la enfermedad, ha terminado siendo su forma de ganarse la vida. Sus cultivos son 100% orgánicos. Sin embargo, los altos costes de la inversión inicial, además de los largos tiempo de desarrollo de la industria farmacéutica dificulta a los pequeños empresarios subirse al negocio del cannabis. Clever Leaves, una multinacional que cotiza en el Nasdaq, encontró en Colombia un lugar ideal para su negocio. Fueron los primeros que recibieron la licencia para la producción de medicamentos a base de esta planta en el país. Ahora buscan posicionar el made in Colombia entre los líderes mundiales, al nivel de Estados Unidos o Canadá. Pero algunas agrupaciones nacionales, como la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis, Asocolcanna, opina que habría que buscar una mayor penetración local de estos productos, para que además de los beneficios económicos que suponen, también los beneficios médicos y sociales repercutan en el país. “Nuestra obligación como empresarios y como industriales es facilitar el acceso para que muchas más personas se beneficien de productos derivados de cannabis, para que estén cubiertos por la seguridad pública”, asegura Diego Felipe Navarro Reyes, su vicepresidente.

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