Paulo Abrao: La decisión del régimen nicaragüense de cancelar las licencias profesionales de cientos de abogados en Nicaragua constituye un nuevo y grave paso en el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho y la democracia.
De acuerdo al experto, con la medida, “el régimen busca eliminar no solo a la oposición política, a la prensa independiente y a la sociedad civil organizada, sino también a los propios operadores del sistema de justicia capaces de cuestionar la legalidad de los abusos estatales. Al destruir la independencia de la abogacía, la dictadura pretende institucionalizar la indefensión de la ciudadanía frente al poder”.
Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), quien conoce muy bien la crueldad de los dictadores, Rosario Murillo y Daniel Ortega, alzó su voz en contra de la arbitraria medida de los ancianos dictadores de eliminar la licencia de miles de abogados en Nicaragua y señal que la medida constituye una doble violacion del derecho internacional en contra de los derechos humanos.
“No se trata de una simple medida administrativa o corporativa, sino de un ataque directo a la propia administración de justicia. En toda sociedad democrática, la abogacía es un componente indispensable para garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho de defensa y la protección efectiva de los derechos fundamentales”, afirmó Abrao.
Además señal que la dictadura Murillo Ortega, al impedir que los abogados ejerzan su profesión “el Estado priva a toda la población de la posibilidad de contar con una defensa independiente y debilita uno de los últimos mecanismos de control frente a la arbitrariedad del poder”.
“Esta medida constituye una doble violación del derecho internacional de los derechos humanos. Por un lado, vulnera los derechos de los propios abogados, al afectar su libertad de ejercer la profesión, su independencia, su libertad de asociación y de expresión, así como su derecho al trabajo, en abierta contradicción con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados (1990) y con las garantías consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, vulnera los derechos de toda la sociedad, al comprometer el acceso efectivo a la justicia, las garantías judiciales y la protección judicial reconocidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, además de afectar el derecho de toda persona a ser asistida por una defensa libre de intimidaciones, persecuciones o represalias”, expone el experto en la defensa de los derechos humanos.
UNA VIOLACIÓN QUE TRASCIENDE MÁS ALLÁ DE LA PERSECUCIÓN.
No obstante, el experto, señala que el significado político de esta decisión trasciende la persecución de un gremio profesional.
“Refleja una nueva etapa del endurecimiento autoritario en Nicaragua, en la que el régimen busca eliminar no solo a la oposición política, a la prensa independiente y a la sociedad civil organizada, sino también a los propios operadores del sistema de justicia capaces de cuestionar la legalidad de los abusos estatales. Al destruir la independencia de la abogacía, la dictadura pretende institucionalizar la indefensión de la ciudadanía frente al poder, convirtiendo la arbitrariedad en norma y eliminando toda posibilidad de exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos”, dijo Abrao.
Y además agrega: “Esta medida constituye uno de los signos más alarmantes de la consolidación de un régimen que ya no busca únicamente reprimir a la disidencia, sino desmantelar todas las condiciones mínimas para la vigencia de un Estado de derecho y de las garantías fundamentales que definitivamente ya no existen más en Nicaragua”’.
Escrito por Emiliano Chamorro,periodista,Prensa505