La corrupción y concentración de poder desde el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007, Nicaragua ha experimentado un deterioro profundo en sus instituciones democráticas. El régimen Ortega-Murillo ha consolidado un sistema autoritario caracterizado por la concentración del poder en el Ejecutivo, el control absoluto del sistema judicial, la Asamblea Nacional y los medios de comunicación. La corrupción se ha institucionalizado: contratos públicos sin licitación, desvío de fondos estatales, uso de recursos públicos para fines partidarios y enriquecimiento de la élite gobernante son prácticas comunes. Transparencia Internacional ubica a Nicaragua entre los países más corruptos de América Latina, solo por encima de Venezuela y Haití.

En el ámbito político, el régimen ha eliminado la competencia política real. La represión contra la oposición, el encarcelamiento de líderes políticos, la cancelación de partidos y la manipulación electoral han destruido la confianza en el sistema democrático. La corrupción política ha permitido al régimen mantenerse en el poder mediante el clientelismo y la cooptación de instituciones, debilitando el Estado de derecho y anulando la independencia de poderes.

El Impacto económico con la corrupción y la falta de transparencia han ahuyentado la inversión extranjera y reducido la cooperación internacional. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá contra funcionarios del régimen han agravado el aislamiento financiero. El control político sobre la economía ha favorecido a un pequeño grupo empresarial vinculado al poder, mientras la mayoría de la población enfrenta desempleo, inflación y pobreza. La fuga de capitales y la migración masiva de nicaragüenses hacia Costa Rica, Estados Unidos y otros países son consecuencias directas de la crisis.

En lo social, la corrupción y la represión han generado un clima de miedo y desconfianza. La sociedad civil ha sido desmantelada: más de 3,000 ONG han sido ilegalizadas, universidades confiscadas y medios independientes cerrados.
El acceso a servicios básicos como salud y educación se ha deteriorado, mientras los recursos públicos se destinan a propaganda política y al sostenimiento del aparato represivo. La desigualdad social se ha profundizado, y la migración se ha convertido en una válvula de escape ante la falta de oportunidades.

El impacto regional
La crisis nicaragüense tiene repercusiones en toda Centroamérica. El éxodo de migrantes presiona los sistemas sociales y económicos de países vecinos, especialmente Costa Rica. Además, el debilitamiento de la democracia en Nicaragua representa un retroceso para la estabilidad política regional y un desafío para los organismos internacionales que buscan promover la gobernabilidad democrática.

En conclusión la corrupción bajo la dictadura sandinista de Ortega-Murillo no es un fenómeno aislado, sino un pilar estructural del sistema autoritario. Su impacto trasciende las fronteras nacionales, afectando la estabilidad política, la economía y la cohesión social de toda la región centroamericana. Sin una transición democrática y un proceso de rendición de cuentas, Nicaragua continuará atrapada en un ciclo de impunidad, pobreza y represión.

#Ortega_Murillo_Corruptos
#Nicaragua

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *