En el marco de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) hace el lanzamiento público de la separata “Que buscar verdad y justicia no nos cueste a vida. 10+ Años de agresiones contra defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación en Mesoamérica”. Este documento se enfoca en el análisis particular de los casos de agresiones contra defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación que se integran, de manera general, en el informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”, profundizando en los mismos y actualizándolos con datos de 2024 y el primer semestre de 2025.
Entre 2012 y junio de 2025 2024 la IM-Defensoras ha documentado, a través de su sistema de registro, un total de 8,454 agresiones contra defensoras y organizaciones que ejercían y/o demandaban el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La gran mayoría de estas agresiones, 82%, se concentraron a partir de 2020, lo que refleja una escalada preocupante en los últimos años. Este dato coloca a las defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación como el segundo grupo de defensoras que ha enfrentado más violencia en la región, representando 18% del total de las agresiones documentadas.
Según la IM-Defensoras, la violencia que viven estas defensoras está vinculada con la crisis de violencia desatada en muchos de territorios de la región mesoamericana debido, entre otros factores, a la desigualdad, el machismo feminicida, la impunidad y la colusión del crimen organizado con instituciones de los Estados y empresas. En este contexto, muchas mujeres , principalmente madres, hijas, hermanas y esposas, ante la inoperancia, cuando no omisión y complicidad, de los Estados y sus instituciones, se han visto impelidas a transformar su cotidianidad y, la mayoría de veces organizadas en colectivos, convertirse en defensoras de derechos humanos con el objetivo de iniciar la incansable búsqueda de sus personas desaparecidas; o para demandar justicia y reparación para las personas de su familia o entorno cercano que han sido asesinadas o víctimas de feminicidio, o que están privadas de libertad y sujetas a injustos procesos de criminalización. Muchas otras dan acompañamiento desde sus organizaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos, documentan casos de violencia feminicida y de otros tipos, promueven medidas que permiten el acceso a la verdad y a procesos de memoria, rendición de cuentas, reparación y garantías de no repetición por crímenes y otras graves violaciones de derechos humanos.
Estas defensoras son atacadas porque, más allá de ser reconocidas como víctimas o familiares de víctimas, se erigen en sujetas políticas que cuestionan los pactos de impunidad y las políticas de violencia y despojo que buscan imponerse en la región; porque al defender estos derechos desnudan la crueldad del necrocapitalismo, sostenido por Estados cooptados por oligarquías y grupos criminales, que han convertido los sistemas de justicia en un instrumento para proteger intereses privados y perpetuar el negocio de la violencia. Además, sus demandas no se limitan a la exigencia de justicia para casos individuales; se extienden, de manera colectiva, a la denuncia de la complicidad de actores estatales y no estatales en la reproducción de este sistema de impunidad.
Finalmente, el informe, tras ofrecer una mirada panorámica a la situación de estas defensoras en Nicaragua, Honduras, México, Guatemala y El Salvador, presenta una síntesis de seis casos paradigmáticos. Estos casos comprenden, en México, el caso emblemático de Marisela Escobedo, asesinada en 2010 en Chihuahua, y el de Teresa Magueyal, madre buscadora de Guanajuato asesinada en 2023; en El Salvador, los de Eneida Abarca y Violeta Delgado, víctimas de diferentes agresiones por buscar, respectivamente, a su hijo e hija, en el marco del régimen de excepción impuesto en el país desde 2022; mientras que en Honduras se centra en los procesos colectivos del COPINH y la OFRANEH, relacionado el primero con la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres en 2016, y el segundo con la exigencia de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, y la demanda de verdad y justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes integrantes de esta última comunidad, incluyendo al presidente del Patronato de la misma, en agosto de 2020.