Entre sus conclusiones el informe menciona que los periodistas exiliados deben ser tratados “como seres humanos en apuros que, asumiendo un alto costo, sirven a un propósito social crítico: hacer efectivo el derecho de las personas a estar informadas de cuestiones que afectan a sus vidas”.
La Relatora Especial insta a los Estados a que se adopte un enfoque basado en los derechos y centrado en el ser humano para resolver la difícil situación de los periodistas.
Los periodistas exiliados necesitan que los Gobiernos de los Estados de acogida faciliten “proactivamente” la expedición de visados y permisos de trabajo, así como su reasentamiento.
Considera el informe que para responder a las necesidades específicas de los periodistas en el exilio “quizá sea necesario modificar los sistemas y procedimientos de acogida de refugiados”.
En cuanto al papel del Estado de acogida, el informe resalta que se debe velar porque los periodistas que se encuentren bajo su jurisdicción, cuenten con protección frente a la violencia, las amenazas y el acoso; devolución o extradición por imputaciones de hechos delictivos que guarden relación con su trabajo.
Asegurarse de que los periodistas exiliados puedan recibir protección y apoyo adecuados y tener acceso a los procedimientos de asilo y reasentamiento de forma expedita.