La periodista Fabiola Tercero desaparecida en Nicaragua, se suma a una larga lista de víctimas de violaciones a los derechos humanos de parte de la dictadura.
Mientras se presentaba el informe sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua en el marco de la presentación del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, también salía a luz la denuncia de la desaparición de otra periodista nicaragüense.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó este sábado 20 de julio, su preocupación por los reportes de la desaparición de Tercero.
Tercero es una periodista feminista de quien no se sabe nada, desde el 12 de julio, tras un allanamiento que hizo la policía sandinista a su vivienda. Periodistas independientes de Nicaragua desde diferentes países están exigiendo a la dictadura que informe del paradero de la periodista que no ha cometido ningún delito.
En los días previos al 19 de julio, la policía y paramilitares allanaron varias viviendas de periodistas en diferentes departamentos y algunas periodistas como Nohelia Gonzales quien fue editora del diario La Prensa también se encuentra desaparecida. Después su hermano fue secuestrado de su casa en Estelí.
Prodepaz: días de terror
La Red prodepaz destaca en su informe presentado el sábado 20 de julio en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), las graves violaciones contra los derechos humanos en Nicaragua entre 2019 -2024.
Destaca casos de violaciones al derecho a la educación, libertad académica, desapariciones forzadas, tortura, persecución política así como también violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, persecución contra la iglesia, la desaparición y secuestro de mujeres opositoras.
Entre estas mujeres, están las universitarias: Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Joseling Mayela Campos quienes fueron detenidas por la policía sandinista y condenadas ilegalmente por cargos de tráfico de drogas tras criticar el cierre de la UCA y promover el feminismo. Mientras el profesor Freddy Quezada, exprofesor de la UNAN-Managua, también fue detenido y condenado por incitación al odio”, resalta el informe.
Desde 2021, al menos 27 universidades han sido cerradas arbitrariamente, según el informe que agrega que la Universidad Centroamericana (UCA), fue una de las casas de estudios superiores objeto de ataques sistemáticos que culminaron en su cierre, la confiscación de sus bienes y el cese de sus actividades académicas, afectando a más de 5,000 estudiantes y 546 docentes. El Estado ha creado nuevas universidades en las instalaciones confiscadas, pero se han convertido en centros de adoctrinamiento y propaganda.
Más registros de violaciones
Un abogado que se encuentra en Nicaragua y que por temor prefirió omitir su nombre, lamentó que este país se ha convertido cada día en una gran cárcel donde nadie tiene derechos. Los únicos que se manifiestan imperiosamente sin sometimiento a la ley, es la familia Ortega Murillo.
El abogado puso de ejemplo lo que ha estado ocurriendo en algunos departamentos donde la policía sandinista le caen a golpes, patadas y culatazos a personas motociclistas y otros ciudadanos que han quedado con secuelas ante la brutalidad policial.
En ese sentido las organización de la sociedad civil que trabajaron el informe del EPU, expone que otros derechos vulnerados por la dictadura, está el derecho a la asociación, la libertad de movilización.
El Monitoreo Azul y Blanco ha registrado 521 víctimas de represión migratoria, incluyendo destierros, retenciones y hostigamiento. La libertad de reunión pacífica ha sido restringida, con la policía impidiendo marchas y manifestaciones. La aprobación de la Ley del Ciberdelito en 2020 ha criminalizado la difusión de información considerada por el régimen, limitando aún más la libertad de expresión en línea y la capacidad de organizar protestas digitales.
Violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua
Además, según el informe, el revivido Ministerio del Interior ha obstaculizado el funcionamiento de organizaciones civiles, negando registros y creando requisitos onerosos, lo que ha resultado en la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 3,532 organizaciones, incluyendo partidos políticos, universidades, medios de comunicación y organizaciones religiosas.
Esta represión se ha extendido a la Iglesia Católica, con 667 ataques documentados, incluyendo confiscaciones de propiedades, destierro de sacerdotes y la prohibición de actividades religiosas.
La aprobación de la Ley 1115 en 2022 ha legalizado la confiscación de bienes de organizaciones disueltas, consolidando aún más la represión estatal. La libertad religiosa también ha sido blanco de ataques, con la Iglesia Católica sufriendo la mayor parte de los 737 ataques registrados contra instituciones religiosas entre 2018 y 2023.
Estos ataques han incluido profanaciones, robos, amenazas de muerte y exilio forzado de líderes religiosos.
Cierre de Radio Maria
El más reciente caso de gran trascendencia fue el cierre y confiscación de bienes de Radio María, una emisora católica de gran trascendencia.
Pero también la represión estatal se ha extendido a la esfera migratoria, con la aprobación de la Ley 1145 en 2023, que ha permitido la privación arbitraria de la nacionalidad de 222 presos políticos desterrados. Esta ley también ha facilitado la confiscación de bienes de los afectados, según parte del informe.
El EPU es un mecanismo de Naciones Unidas para evaluar cada 5 años, el cumplimiento de las obligaciones de los derechos humanos por parte de los Estados.
Las organización que han presentado sus informes de cara exponer la documentación para el EPU, son la RedProdepaz Nicaragua, la Fundación para la libertad, la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), Aula Abierta, Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Costa Rica, Activismo Ciudadano en Resistencia, Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (RIDHE), Foundation for Development and Social Innovation, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) y Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses.