Todos los días, la vocera del régimen que gobierna con mano dura a Nicaragua, Rosario Murillo, invoca a Dios. Con voz pausada y a veces en tono casi suplicante, le agradece “por las victorias” y se declara “bendecida” y bajo “la gracia celestial”. Una extraña contradicción, pues a lo largo de su alocución justifica también secuestros, desapariciones forzosas y hasta los asesinatos de más de 355 opositores.
Se declara temerosa de un Dios que prohíbe matar y causar daño a sus semejantes, pero Murillo y su esposo, han hecho todo eso por amor al poder. Además, ella es la misma voz que ataca a sacerdotes y pastores, contra los que ordenó cárcel y confiscación de bienes. Rosario Murillo y Daniel Ortega, no pierden la oportunidad para declararse un matrimonio creyente, católico, pero ambos son señalados de la peor persecución de la fe que ha vivido el país en los últimos años.
El mundo no solo lo sabe, lo denuncia. El pasado 28 de septiembre, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU en Nueva York, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, exigió que la pareja dictatorial de Nicaragua respete la libertad de culto. Dijo que la Santa Sede, está particularmente preocupada por “las medidas adoptadas contra el personal y las instituciones de la Iglesia, que afectan directamente la sensible cuestión de la libertad religiosa».
La investigadora Martha Patricia Molina, una de las más incisivas observadoras de las ofensivas acciones orteguistas contra las iglesias, considera por su lado, que la dictadura de Nicaragua “pretende aniquilar por completo la fe en Dios del pueblo católico para continuar el proyecto de adoctrinamiento donde las figuras principales sean Daniel Ortega y su consorte”.
“La dictadura ha impuesto un silencio total a clérigos y religiosos”, acusa. “Y aunque ellos lo han cumplido fielmente, han callado, la persecución no ha cesado, sino que ha incrementado”, denunció.
“Guerra prolongada”
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés) recientemente denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la sistemática persecución contra personas religiosas y comunidades de fe, destacando violaciones del derecho a la libertad de religión, motivadas por cuestiones políticas.
También consideran que en Nicaragua, se viola el derecho a la libertad de pensamiento y conciencia, lo que ha ocurrido como consecuencia del cierre de universidades adscritas a la iglesia católica y a iglesias evangélicas.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca Más, con sede en Costa Rica, ha identificado el cierre de al menos 35 instituciones educativas y asociaciones universitarias ligadas a organizaciones religiosas. Ortega y Murillo consideran el pensamiento crítico y la defensa de los derechos humanos, una amenaza a su permanencia en el poder.
Sin libertad de expresión y opinión
El GHREN también considera que las autoridades nicaragüenses criminalizaron el derecho a la libertad de expresión de algunos miembros de la iglesia católica y que prohibieron o limitaron, la difusión de información por parte de medios de comunicación propiedad de entidades religiosas o de orientación religiosa.
También destacan violaciones del derecho a la libertad de asociación, la incitación la discriminación, hostilidad y violencia, así como amenazas, hostigamiento y agresiones físicas a miembros de la iglesia católica y otras manifestaciones religiosas.
El Grupo de Expertos documentó la detención arbitraria de sacerdotes y líderes religiosos en condiciones de incomunicación. Denunciaron que fueron sometidos a procesos judiciales “a puertas cerradas” donde no se les permitió un abogado defensor de su elección.
Violaciones y abusos
Las voces que denuncian los atropellos que diferentes denominaciones religiosas sufren en Nicaragua se han sentido con fuerza en estas últimas semanas, en eventos paralelos celebrados en el marco del 57° período de sesiones de Naciones Unidas, en Ginebra.
Organismos de derechos humanos y otras víctimas del régimen Ortega-Murillo compartieron ante la comunidad internacional las violaciones y abusos contra miembros de la Iglesia en Nicaragua.
En condición de anonimato, un sacerdote desterrado de Nicaragua contó la dura situación que enfrentan obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, militantes de la iglesia católica que han sufrido exilio, asedio, persecución y destierro. “Algunos han sufrido prisión en condiciones inhumanas, otros han sido privados de su nacionalidad y confiscados todos sus bienes”, dijo el sacerdote.
Añadió: “es evidente que la persecución a la iglesia católica tiene una motivación política y no religiosa, desde el 2018 la iglesia ha criticado abiertamente cualquier represión de las libertades civiles y violación de los derechos humanos en el país, la crisis política de Nicaragua se está agravando cada día que pasa”.
Represión contra la iglesia Morava
La represión y persecución no es solo contra la iglesia católica, también la sufren los evangélicos y hasta los moravos de la Costa Caribe, una de las más antiguas congregaciones en esa zona de Nicaragua.
Fracisco Alvicio, pastor de la iglesia Morava, también alzó su voz en Ginebra. Comentó que la mayor parte de la población del Caribe pertenece a la Iglesia Morava, que también fue alcanzada por el régimen Ortega-Murillo al cancelar su personalidad jurídica.
“Existe (la iglesia Morava) desde 1849, cuenta con 108, 876 miembros activos y 350 mil colaboradores siendo la más grande del reino de La Mosquitia, la iglesia es parte de la cosmovisión de mi pueblo y ha aportado a la construcción del espíritu de resistencia que caracteriza a mi pueblo”, contó Alvicio.
Destacó que el régimen “pretende controlar todos los espacios de nuestras vidas incluyendo la iglesia”. “Nuevamente somos víctimas de violaciones de derechos humanos (…) pedimos a la comunidad internacional el asilo y refugio para misquitos que ahora huyen de la represión, entre ellos el reverendo Héctor William Padilla. (…)”, denunció.
El religioso exigió que cese el ataque contra su iglesia. “Exigimos que se respeten nuestras creencias ancestrales, que nos permitan regresar a nuestras tierras y que cese la violación contra mi pueblo”, pidió Alvicio.
Una iglesia perseguida
A ese encuentro asistió la investigadora Martha Patricia Molina, quien informó durante la sesión que del 2018 a julio 2024, se han documentado 870 agresiones en contra de la iglesia católica y más de 100 incidentes contra la iglesia evangélica.
“Aquí se incluyen cierres arbitrarios de organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, universidades e institutos, proyectos y obras sociales de índole religiosos, robo de bienes inmuebles, congelamiento de cuentas bancarias particulares, amenazas de muerte, golpes, difamaciones y encarcelamiento a religiosos y laicos”, dijo Molina.
Las investigaciones de Molina señalan que el régimen ha confiscado 19 edificios religiosos, que 260 religiosos y religiosas han sido obligados a vivir en el exilio, muchos desnacionalizados, que 9,688 actividades religiosas han sido prohibidas, que 14 congregaciones religiosas han sido expulsadas de Nicaragua y 22 medios de comunicación católicos fueron cerrados arbitrariamente.
Intento de ahogamiento financiero
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, identifica al menos cuatro etapas de represión que ha vivido la iglesia católica desde el 2018, cuando en Nicaragua, iniciaron las protestas contra la dictadura Ortega-Murillo.
La última etapa, la sitúa de febrero de 2023 hasta la actualidad y se caracteriza “por el ahogamiento financiero y debilitamiento sistemático de la iglesia católica como institución”. “Esto se manifiesta a través de la persecución fiscal, confiscaciones de bienes y congelamiento de cuentas bancarias”.
Mencionan que “se ha castigado severamente a líderes religiosos y a su feligresía, despojándolos de la nacionalidad y deportándolos de forma forzada a Estados Unidos y a El Vaticano o impidiendo su retorno al país”. La libertad de culto ha sido severamente afectada, prohibiéndose celebraciones religiosas que por años han sido parte de las tradiciones e idiosincrasia de los nicaragüenses.
“Estos acontecimientos representan una grave violación a los derechos humanos y una erosión significativa de la libertad religiosa en Nicaragua. Es fundamental que la comunidad internacional tome medidas concretas para abordar esta situación y proteger los derechos fundamentales de todas las personas en el país”, llama el Colectivo.
La primera etapa, ubicada entre abril de 2018 y marzo de 2019 “marcó el inicio de una ruptura en la relación entre la iglesia católica y el Estado, que anteriormente había sido en cierta medida armónica”. “El régimen posicionó a la iglesia como un enemigo del pueblo o del Estado, lo que legitimó algunos actos de violencia y profanación de templos”, destaca el Colectivo.
La etapa “más extensa” de agresiones que ha sufrido la iglesia católica se ubica entre abril de 2019 –con el exilio de monseñor Silvio Báez– hasta enero de 2022.
“Durante esta etapa, se intensificaron las agresiones hacia la comunidad católica y aquellos asociados a ella. El exilio de sacerdotes y personas vinculadas con la iglesia católica marcó el comienzo de una serie de medidas dirigidas a disidentes religiosos”. “El hostigamiento y las amenazas de detenciones se convirtieron en tácticas comunes empleadas contra los fieles católicos y sacerdotes, quienes a menudo eran acosados”, identifica el Colectivo.
También se destaca el “asedio a templos en actividades de conmemoración a las protestas o personas asesinadas, cierre de las primeras organizaciones no gubernamentales ligadas a la iglesia católica, persecución selectiva de sacerdotes objetivizados y agresiones físicas de terceros o simpatizantes del Frente Sandinista a sacerdotes”.
Ruptura de relaciones y detención de sacerdotes
En febrero de 2022, es cuando se marca la tercera etapa. “La tensión acumulada en los años anteriores desencadenó una de las mayores persecuciones contra la iglesia católica en la historia de nuestro país”. Durante esta etapa, que culmina en enero de 2023, “se materializó la ruptura de relaciones entre el Estado y la representación del Vaticano con la expulsión del Nuncio Apostólico monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag”.
“Además, se produjo un cierre masivo de organizaciones y medios de comunicación afiliados a la iglesia católica, lo que marcó un grave deterioro en la libertad de expresión y asociación en Nicaragua”, dice el Colectivo.
Y vendría lo peor, “el surgimiento de una nueva forma de represión: detención, judicialización y condena de sacerdotes con la participación del poder legislativo en la apertura de investigaciones y el judicial, en la judicialización. Esta situación representa un giro alarmante en la persecución religiosa en Nicaragua”.
Según datos del Colectivo, al menos 65 religiosos han sido acusados judicialmente en Nicaragua desde que Ortega y Murillo los declaró enemigos de su régimen.