Inquietos por la posibilidad de una orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad y furibundos contra quienes impulsan la acusación, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han intensificado sus acciones represivas dentro del país y más allá de sus fronteras.
El régimen fue acusado por juristas independientes en un tribunal de Argentina y los opositores pese al secuestro, cárcel y ahora destierro en su contra por encararlos y exigirles democracia y respeto a los derechos humanos, no han callado en la denuncia internacional.
En los últimos días, el régimen envió a la Asamblea Nacional, bajo su control, un conjunto de leyes que, según especialistas, agravarán las violaciones de derechos humanos y la represión contra los nicaragüenses tanto dentro, como fuera del país.
El manejo de las remesas mediante reformas que supuestamente buscan regular el lavado de dinero y la revisión del Código Penal de Nicaragua para intentar internacionalizar leyes represivas, son parte del “paquete represivo” de mandatos que el régimen remitió al congreso local.
Legaliza represión transnacional
Ortega presentó una modificación a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977), así como a la Ley de Unidad de Análisis Financiero (Ley 976), lo que, según muchos, se traduce en reforzar el control y la supervisión sobre las remesas que llegan a Nicaragua.
Además, dictó una reforma al Código Penal que aspira a procesar a ciudadanos nacionales y extranjeros que estén fuera de Nicaragua, imponiendo castigos de hasta cadena perpetua y la incautación de bienes a quienes cometan delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiación, ciberdelitos y cualquier infracción contra la administración pública.
La intención del régimen toca 27 artículos de la Ley 641. Uno de los ajustes se realiza en el artículo 16, relacionado con el “principio de universalidad”, que indica que las leyes del país, podrán aplicarse a nicaragüenses y extranjeros que, estando fuera de Nicaragua, hayan cometido los delitos citados.
Cabe señalar que las penas por estos delitos, al igual que la confiscación de bienes, forman parte de las tácticas que Ortega ha empleado contra los opositores que ahora están en el exilio. La represión convierte en realidad, lo que antes solo era una denuncia que hacían organismos de derechos humanos como Nicaragua Nunca Más que meses antes, alertaba de una persecución transfronteriza. “Pretenden disfrazar la represión política como crímenes comunes transnacionales”, califica el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión.
«Escalada peligrosa»
El politólogo Félix Maradiaga, expreso político del régimen, sostiene que esta reforma al Código Penal “representa una escalada peligrosa en su táctica de represión”.
“(…) La reforma amplía su ámbito más allá de las fronteras nacionales. Ortega ya no se conforma con encarcelar y expulsar a los disidentes más molestos; ahora intenta juzgar y confiscar los bienes de aquellos que se encuentran en el exilio, incrementando su capacidad para acallar a la oposición en cualquier rincón del mundo”, afirma Maradiaga.
Añade que las leyes están diseñadas para perseguir, imponer penas y confiscaciones a cualquier ciudadano, se encuentre o no en Nicaragua. “Se prevé que el número de afectados se incremente drásticamente, pasando de las casi 500 personas declaradas apátridas, a miles más. No es simplemente una nueva Ley; es una declaración de guerra contra todos aquellos que desafíen al régimen, estén donde estén”, sentencia.
El politólogo agrega otras preocupaciones que rodean la medida represiva. “No se define la categoría del delito, lo que concede al régimen un margen de discrecionalidad casi ilimitado”, señala. “Espande peligrosamente las definiciones de terrorismo, crimen organizado y otros delitos y un juicio en ausencia permitirá condenar a opositores sin que tengan la oportunidad de defenderse, se trata de un ataque directo a los principios fundamentales de justicia y debido proceso”, denuncia.
“Ley de los Ausentes” queda corta
Maradiaga valora que con estas nuevas reformas, “esta ley es aún más severa que la Ley de Ausentes de los años 80”.
Mediante el decreto 760 o la llamada Ley de los Ausentes, promulgada en los 80, el sandinismo afirmaba que era “tarea prioritaria de la Revolución la reconstrucción nacional, la cual se puede lograr fomentando la producción a través del uso racional de la propiedad”.
Y considerando que “algunos propietarios han abandonado irresponsablemente bienes necesarios para la reactivación económica del país”, pasarían a ser propiedad del Estado.
Los afectados serían “todos aquellos bienes muebles o inmuebles, títulos, valores y acciones, de cualquier naturaleza, de aquellos propietarios nicaragüenses que se hayan ausentado o se ausenten del país y no hayan regresado después de seis meses”, decía el articulado.
A juicio de Maradiaga, esta nueva embestida del régimen “parece ser una respuesta directa a acciones internacionales contra la dictadura, como la creación del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua o el juicio abierto en Argentina, que desafían los intereses del régimen a nivel global”.
Según su análisis, “es probable” que el régimen continúe desterrando a presos políticos, “añadiendo más nombres a las listas de exiliados. Con listas preliminares de familiares o socios de los exiliados declarados apátridas ya en manos del régimen, la cacería de brujas continúa”, denuncia.
“Frente a esta amenaza, la única opción viable es denunciar estas acciones a nivel global. No podemos permitir que esta nueva ola de represión pase desapercibida; debemos estar listos para enfrentarla con firmeza y determinación, luchando por el restablecimiento de la libertad en nuestra Nicaragua. La comunidad internacional tiene un deber moral y político de no cerrar los ojos ante esta flagrante violación de los derechos humanos”, demandó.
Los alcances de reformar leyes contra el lavado
Según la reforma de la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, “se instruye a los supervisores a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales”.
El documento añade que los grupos financieros deben implementar programas de prevención de riesgos, incluyendo sucursales, subsidiarias, filiales de propiedad mayoritaria y oficinas de representación en el extranjero.
Según el régimen, estas reformas pretenden “integrar los cambios en los estándares internacionales, así como superar las brechas susceptibles de mejoras, identificadas durante los procesos permanentes de evaluación a los cuales se encuentra sujeto el país por parte de los organismos internacionales reguladores de la materia”.
En tanto, la enmienda a la Ley 976, Ley de Unidad de Análisis Financiero, permitirá a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) perfilar a los emisores y beneficiarios de remesas en Nicaragua, además de congelar dinero de manera expedita y reportar a la Policía y a la Fiscalía a quienes clasifiquen como “investigados”.
Se consolida Estado represivo
La UAF se encargará de monitorear a las agencias de remesas sobre los movimientos que realicen sus usuarios y estará obligada a reportar tanto estos movimientos como las entidades intermediarias involucradas en el envío de dinero.
Se contempla que, en caso de que las empresas no proporcionen la información requerida, la UAF podrá imponer sanciones administrativas y penales contra los gerentes y directores de las agencias de remesas.
Sobre este tema, Juan Sebastián Chamorro indicó a través de sus redes sociales que esta nueva embestida del régimen “no tiene otro objetivo más que consolidar la represión en contra de cualquier persona que se oponga a la dictadura, con el argumento, excusa o invención del delito de lavado de dinero”.
Manuel Orozco, investigador de Diálogo Interamericano, agregó que las reformas tienen más motivación políticas, que financieras o de prevención de delitos. Advierte que son impulsadas en un contexto de presión internacional, tras la solicitud del grupo de abogados en Argentina para que se investigue y se ordene la captura de Ortega y Murillo por crímenes de lesa humanidad.
A pesar de las confiscaciones, las propiedades incautadas siguen sin uso económico, lo que sugiere que podrían ser recompensadas a los leales al régimen. Además, según Orozco, pese a todo lo que ha hecho Ortega, nada le ha servido para evitar el desprecio internacional.
Por su lado, el analista político exiliado y exdiputado, Eliseo Núñez, considera significativo que las reformas del régimen invoque el principio de “universalidad”, que es el mismo principio legal invocado en la solicitud de justicia internacional contra Ortega y Murillo ante el tribunal argentino. “El tiro podría salirles por la culata”, dicho en buen nicaragüense.
Control a millones
Según datos del Banco Central de Nicaragua, en el segundo trimestre de 2024, las remesas del exterior fueron de 1,336.9 millones de dólares, un crecimiento de 11.9 por ciento en comparación con lo observado en igual período de 2023 que fue 1,194.7 millones de dólares.
Mientras que, en el primer trimestre de 2024, de acuerdo con la publicación del BCN, el flujo de remesas recibido del exterior totalizó 1,140.9 millones de dólares, lo que significó un crecimiento interanual de 11.8 por ciento, equivalente a 120.6 millones adicionales a lo registrado en igual período de 2023, que fue de 1,020.3 millones”.
Esto significa que, en los seis primeros meses del año, en Nicaragua se han recibido, producto de las remesas, 2,477.8 millones de dólares, siendo el principal país de origen de estas, Estados Unidos, seguido por Costa Rica. Esa es la gigante “masa de dinero ajeno” que la dictadura quiere controlar.