Las acciones del régimen contra la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en las que policías y civiles armados ocuparon la sede del Poder Judicial y se llevaron sin orden judicial ni ningún otro argumento legal a su magistrada presidenta y a otra magistrada, es para el abogado Yader Morazán, un ensayo de golpe de Estado.
“Remover de sus cargos a dos magistradas y manosear sus estructuras, constituyen lo que en derecho llamamos golpe de Estado, porque hay una intervención o toma de parte de un Poder del Estado a otro, donde se ha tomado el control por la fuerza, de manera repentina e ilegal”, explica Morazán, un exfuncionario de ese poder del Estado.
El exfuncionario recordó que no existe asidero legal alguno para que tanto la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y Yadira Centeno, también magistrada, hayan sido echadas violentamente de sus oficinas y enviadas a sus casas o algún otro lugar.
“Pero lo más delicado es que agentes policiales portando armas de guerra se tomaron la sede central de un poder del Estado, lo que constituye un grave delito en cuanto a la violación de la Constitución Política del país”, advierte.
Revisan equipos informáticos y llamadas
De acuerdo con una jueza consultada para este reporte, desde que ocurrió la toma policial de la CSJ el pasado 24 de octubre, agentes policiales centraron sus investigaciones en las áreas de servicios informáticos de la institución y han revisado minuciosamente cada uno de los servidores y equipos de trabajo de esa área.
“La Policía se centró en el área de informática, pero lo raro que se ha notado es que después de la toma, aparecieron personas con acento extranjero que son los que están revisando todos los equipos de esa área, no se sabe si van a acusar a alguien por ciberdelitos”, agregó la funcionaria bajo estricta condición de anonimato.
También se revisa el historial de llamadas de cada una de las líneas telefónicas asignadas a los trabajadores, principalmente las conexiones de la red local.
De regreso a una pesadilla
Este lunes, los trabajadores retornaron a sus labores bajo un fuerte estrés y con miedo de que los agentes lleguen a sus oficinas y les pidan los teléfonos celulares, las computadora y los envíen a sus casas.
“Queda claro que aquí nadie se siente seguro, ni los mismos jueces que condenaron a los presos políticos o los que llevan los casos de las estudiantes detenidas en el contexto de la confiscación de la UCA a quienes ahora, acusan por posesión de drogas”, comparte la fuente.
“Lo que está pasando mantiene con los nervios de punta a todos los trabajadores de aquí, buenos militantes o no”, dice un trabajador.