Desde 2018, la dictadura de Daniel Ortega ha cerrado más de 3 mil 600 organizaciones no gubernamentales, ONG, en Nicaragua, como parte de la persecución sistemática en contra de toda disidencia o lo que considera como sectores críticos.
Este proceso de cancelación ha sido justificado con la premisa de que estas oenegés no cumplían con las leyes de transparencia y control financiero o que tenían sus directivas vencidas.
Producto del cierre de estas organizaciones, en Nicaragua se estima que más de 50 mil ciudadanos han perdido acceso a servicios esenciales de salud, educación, asistencia técnica en diferentes áreas y otras coberturas sociales.
Los trabajadores de estas organizaciones han quedado desempleados, y en el peor de los casos, como los trabajadores de Cáritas Diocesana de Estelí, que están presos, sus familias, principalmente sus hijos, han quedado en el desamparo. Esto solo ha seguido agravando la situación económica que vive el país.
Destruyen solidaridad
Muchas de las organizaciones no gubernamentales anuladas brindaban asistencia social y documentaban violaciones a los derechos humanos, trabajan en planes y programas de prevención a la violencia hacia la mujer y los niños, por lo que estos sectores han sido uno de los más afectados por sus cierres.
La iglesia Católica no solo ha sido afectada por el cierre de Cáritas, también han sido expulsadas varias órdenes religiosas, entre ellas hermanas de la Caridad de María Teresa de Calcuta que se encargaba de brindar asistencia médica, cuido y alimento a personas en situación de calle, los ancianos y los niños.
Además han sido confiscadas universidades y han cerrado algunas escuelas parroquiales, que mantenía la iglesia en algunos municipios.