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La persecución del gobierno misógino y autoritario de Daniel Ortega contra quienes se organizan para defender derechos y construir una Nicaragua más justa e igualitaria no cesa. Entre el de 3 de junio hasta la fecha, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la cancelación de la personería jurídica de otras 23 organizaciones feministas o que trabajan por los derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y las niñas. Entre ellas el Grupo Venancia, organización con una reconocida trayectoria de 31 años de trabajo en comunicación y educación popular con mujeres rurales principalmente, urbanas, adultas y jóvenes, que es una referencia no sólo en Nicaragua, sino en toda la región. De esta forma, en la actualidad ya suman 80 las organizaciones feministas y/o que apoyan o trabajan por los derechos de las mujeres canceladas de manera ilegal desde abril de 2018.

Tal y como desde la IM-Defensoras hemos denunciado en casos precedentes, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma. Además, la cancelación de las organizaciones viene acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, el requisamiento de sus bienes y, en algunos casos, de la criminalización, el hostigamiento y otros ataques en contra de sus integrantes.

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Desde la IM-Defensoras no nos cansaremos de reiterar el grave impacto que estas cancelaciones tienen sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales. Esto en un país donde al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021 — a los que se agregan los 27 femicidios registrados durante el año en curso; donde, según datos oficiales, durante ese mismo año 2021, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual; donde miles de mujeres trabajan en maquilas de capital trasnacional bajo condiciones de explotación y extrema precariedad​​​​​; y donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada desde 2006, tras el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica.

Una vez más, condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y nos solidarizamos con todas estas organizaciones, manteniéndonos alerta y denunciando ante cualquier vulneración a los derechos y la integridad personal de quienes trabajan, colaboran, participan o son beneficiarias de ellas.

Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas organizaciones, tomar consciencia de la gravedad de la situación que viven quienes defienden derechos humanos en Nicaragua y, de manera particular, quienes lo hacen desde el enfoque feminista y trabajando por los derechos de las mujeres, y alzar la voz para denunciar todas las arbitrariedades e injusticias sistemática y recurrentemente perpetradas por el gobierno para acallar las voces que luchan por construir un país más justo e igualitario, donde todas las personas tengan acceso a una vida digna y al pleno ejercicio de sus derechos humanos.

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